ParaguayPreocupación en organizaciones sin fines de lucro por amenaza al espacio cívico en Paraguay
Desde finales de 2023, Civic Space Guardian* y la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa adviertien sobre retrocesos en el espacio cívico paraguayo. Diversos proyectos restrictivos, como la reforma de la “ley de administración financiera del estado” y la creación de un nuevo “registro para las organizaciones no gubernamentales”, fueron claras señales de alerta para el funcionamiento de las OSC.
En tanto el pasado 9 de julio, el Senado paraguayo celebró una sesión extraordinaria en la que aprobó, con modificaciones, un proyecto de ley destinado a establecer un régimen de “control, transparencia y rendición de cuentas” para las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) que reciban o administren fondos públicos. La iniciativa fue presentada e impulsada por legisladores de la bancada oficialista del Partido Colorado, incluyendo a Basilio Núñez, actual presidente del Senado. La votación resultó en 34 votos a favor y 9 en contra.
En la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con mayoría, el proyecto será revisado por las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Presupuesto; y Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria.
El proyecto establece que todas las OSFL deberán inscribirse obligatoriamente en un Registro Nacional, llevar un registro detallado del uso y destino de los fondos recibidos y presentar informes semestrales al Ministerio de Economía y Finanzas. No podrán firmar acuerdos ni recibir fondos de entidades públicas si no están registradas. La supervisión será realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas, junto con la Contraloría General de la República y otros organismos estatales.
En este sentido, diversas organizaciones han expresado sus preocupaciones. En un comunicado del 15 de julio, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, que agrupa a 32 organizaciones de la sociedad civil en la región, destacó cuatro puntos críticos:
- Violación de Derechos: El proyecto infringe el derecho a la inviolabilidad del patrimonio documental y la comunicación privada, así como las libertades de concurrencia y asociación.
- Centralización de Recursos: Atenta contra la autonomía e independencia de las OSFL al centralizar la administración de recursos en el Ministerio de Economía y Finanzas.
- Sanciones Excesivas: Introduce sanciones severas e indefinidas, como multas equivalentes a “mil salarios mínimos mensuales”, suspensión de actividades por un año, cese definitivo de actividades, y cancelación de la inscripción en el Registro Nacional.
- Obstáculo para el Financiamiento: Impone requisitos de información excesivos y onerosos que dificultan la gestión y el acceso al financiamiento para las OSFL.
El 26 de julio, la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa publicó otro comunicado indicando sus preocupaciones por vulneraciones a los Derechos de Asociación y Libertad de Expresión con la actual redacción del proyecto. Realizó un llamado a permitir la participación de la Sociedad Civil en los debates de la Cámara de Diputados, impulsando la participación ciudadana.
A su vez, Relatoras especiales nombradas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han solicitado al presidente Santiago Peña la revisión del proyecto de ley, subrayando que podría restringir derechos fundamentales como la libertad de asociación. Las relatoras especiales expresaron su preocupación por las exigencias de registro y reporte, que podrían desincentivar la creación de nuevas asociaciones y vulnerar la autonomía de las OSFL ya existentes. Recomendó, además, promover una discusión pública y multisectorial sobre el proyecto y considerar una normativa que facilite el trabajo de estas organizaciones. Sin embargo, a pesar de estas sugerencias, se desestimó durante la misma sesión una propuesta para postergar la votación y establecer una mesa de diálogo con representantes de las ONG.
El 30 de julio se desarrolló una audiencia pública en la cámara de diputados, en la cual participó el procurador general de la república Marco Aurelio González. También participaron diversas organizaciones de la sociedad civil, las que expusieron su postura, en la búsqueda de introducir cambios a la propuesta.
Este proyecto no es un caso aislado, sino parte de un patrón regional. Las problemáticas de la inseguridad y el crimen organizado aparecen en el centro de la agenda pública, lo que está teniendo múltiples impactos sobre el espacio cívico, incluyendo la libertad de asociación, debido al aumento desproporcionado o discrecional del poder punitivo y las capacidades de control del estado. Los riesgos para el espacio surgen, no necesariamente del texto de las leyes, sino de su implementación en contextos de institucionalidades democráticas frágiles
Actualmente, otros dos proyectos con alcances similares están siendo debatidos en la región. En Venezuela, se trata del proyecto de Ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales, del cual se habían aprobado 9 de sus 17 artículos al 22 de mayo de 2024. En Perú, por otro lado, se discute un proyecto de reforma de la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, con dictamen de comisión aprobado el 5 de junio de 2024.
*Civic Space Guardian (CSG) es una herramienta diseñada por DL para monitorear regulaciones y proyectos de ley con impacto en la libertad de expresión, de reunión, de asociación, el acceso a la información pública, el derecho a la privacidad y la participación ciudadana en asuntos públicos. Desde 2019, el monitoreo se realiza en 18 países de América Latina y el Caribe.